Mucho se ha hablado y escrito sobre la sentencia 0168/13, adoptada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta medida jurídica despoja de su nacionalidad a más de 200 mil dominicanas y dominicanos de origen haitiano, bajo el pretexto de que sus padres haitianos son migrantes irregulares que están en tránsito en el país; irregularidad que se transmitiría de padre a hijo.
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